Este lunes 19 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración federal continuar con el proceso de cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, medida que afecta a más de 350,000 personas protegidas por este programa migratorio.
La resolución, emitida sin explicación escrita y con una única disidencia por parte de la jueza Ketanji Brown Jackson, invalida de forma temporal la decisión de un tribunal federal en California que había suspendido la cancelación del TPS anunciada en febrero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según esa orden judicial, la medida podía causar perjuicios graves e irreversibles a los beneficiarios.
El TPS, un mecanismo humanitario diseñado para proteger a personas provenientes de países con condiciones peligrosas o inestables, fue otorgado a los venezolanos en 2021 bajo la administración de Joe Biden, en respuesta al colapso económico, social y político de Venezuela. En 2023, la protección fue extendida hasta octubre de 2026 por el entonces secretario Alejandro Mayorkas.
Sin embargo, el actual gobierno decidió terminar anticipadamente esa protección. La cancelación está programada para entrar en vigencia en octubre de 2025, aunque el proceso sigue bajo revisión judicial.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su rechazo a la medida, alertando que miles de personas podrían ser expulsadas a un país considerado inseguro por agencias del propio gobierno estadounidense.
Mientras tanto, la comunidad venezolana en EE.UU. enfrenta un clima de creciente incertidumbre. A falta de una decisión final en los tribunales inferiores, el futuro de quienes dependen del TPS sigue siendo incierto y sujeto a cambios legales.
Leave a Reply