El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha modificado su política sobre detenciones migratorias, eliminando el acceso a audiencias de fianza para personas que hayan entrado a Estados Unidos de manera irregular. Esta directriz fue emitida en un memorando interno con fecha del 8 de julio de 2025, firmado por el director interino de la agencia, Todd Lyons.
De acuerdo con información publicada por medios como The Washington Post y The Guardian, la nueva disposición impide que los inmigrantes detenidos tras cruzar la frontera sin autorización puedan solicitar su liberación ante un juez de inmigración. A partir de ahora, solo podrán ser liberados si un oficial de ICE lo aprueba por vía discrecional.
Este giro en la política migratoria se da en el marco de un refuerzo presupuestario histórico. Tal como informó The Wall Street Journal, ICE recibió una asignación de 45 mil millones de dólares, lo que le permite ampliar su capacidad de detención a 100 mil personas de forma simultánea, una cifra récord para la agencia.
Especialistas en leyes migratorias y organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por las consecuencias legales y humanitarias de esta medida. Como señaló la agencia Reuters, se anticipan demandas legales que cuestionan la constitucionalidad de esta práctica, al considerar que niega el derecho al debido proceso.
Esta política representa una ruptura con décadas de precedentes judiciales que permitían audiencias de fianza, incluso para personas sin estatus migratorio legal. ICE justifica el cambio como una estrategia para reforzar el control migratorio y acelerar los procesos de remoción.
La medida podría afectar a cientos de miles de personas actualmente sujetas a procesos migratorios en Estados Unidos y ha encendido una nueva discusión nacional sobre el alcance de la detención migratoria y los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración.
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