Una jueza federal dictaminó este viernes a favor del Gobierno en una demanda presentada por diversas organizaciones religiosas que buscaban frenar la ejecución de redadas migratorias en lugares de culto. La resolución representa un respaldo judicial a una controvertida política impulsada durante la administración de Donald Trump.
La jueza Dabney Friedrich, del tribunal federal del Distrito de Columbia, rechazó los argumentos de las 27 organizaciones demandantes, las cuales alegaban que la política gubernamental vulnera la libertad religiosa garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución. En su fallo, la magistrada señaló que los casos citados como ejemplo por los demandantes son limitados y no constituyen prueba suficiente de un daño significativo o inminente.
“El hecho de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueda realizar redadas en iglesias no demuestra una probabilidad clara de perjuicio irreparable”, indicó la jueza, argumentando que los incidentes documentados desde el cambio de política son escasos.
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La demanda, interpuesta en febrero, subrayaba que la labor de acoger y proteger a inmigrantes forma parte del ejercicio espiritual y comunitario de muchas congregaciones religiosas. Varias de estas organizaciones han ofrecido santuario a personas en riesgo de deportación, especialmente aquellas que enfrentan peligros en sus países de origen.
La directriz impugnada autoriza operaciones migratorias no solo en templos religiosos, sino también en escuelas y hospitales, lugares que anteriormente eran considerados zonas de protección.
En respuesta a las críticas, la administración Trump defendió la medida, asegurando que busca fortalecer la capacidad de los agentes migratorios para cumplir con la ley y detener a personas calificadas como “criminales extranjeros”.
Las organizaciones demandantes aún no han anunciado si apelarán la decisión judicial.
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