La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que se implemente, de forma parcial, una controvertida orden del presidente Donald Trump que pone límites al derecho de ciudadanía por nacimiento, una disposición que ha estado vigente por más de 150 años en el país.
Con una votación dividida de 6 a 3, el máximo tribunal permitió que la orden entre en vigor dentro de 30 días en los 28 estados que no han presentado acciones legales contra la medida. No obstante, los jueces evitaron pronunciarse sobre su constitucionalidad, dejando abierta la posibilidad de que el tema regrese a la Corte en el futuro.
La decisión representa un avance clave para la administración de Trump, aunque su implementación será limitada, ya que 22 estados, encabezados por gobiernos demócratas, han logrado frenar su aplicación a través de demandas judiciales. En esos territorios, la ciudadanía por nacimiento seguirá aplicándose como hasta ahora.
La medida, firmada el pasado 20 de enero en el primer día del nuevo mandato de Trump, busca impedir que hijos de inmigrantes indocumentados obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense por haber nacido en suelo nacional. Este principio, respaldado por la 14.ª Enmienda desde 1868, ha sido confirmado históricamente por la jurisprudencia, incluyendo el caso Wong Kim Ark de 1898.
Tribunales federales en Washington, Maryland y Massachusetts ya habían emitido suspensiones que bloqueaban la orden en todo el país. Uno de los fallos más contundentes provino del juez John Coughenour, quien cuestionó duramente la legalidad de la política impulsada por Trump.
Más allá del fondo del asunto, el caso también encendió el debate sobre el uso de medidas judiciales con efecto nacional. En su resolución, la Corte pareció cuestionar la facultad de jueces federales para detener la aplicación de políticas más allá de las partes directamente involucradas en un litigio.
En un paso inusual, los magistrados aceptaron realizar audiencias orales para discutir una solicitud de emergencia presentada en marzo por el gobierno federal, con el objetivo de revisar la legalidad de las suspensiones de alcance nacional. Durante las discusiones, los jueces expresaron inquietud sobre el impacto práctico de aplicar la orden solo en algunos estados, así como sobre los límites del poder judicial en estos casos.
Por ahora, la medida podrá aplicarse únicamente en los estados que no interpusieron recursos, pero la cuestión de fondo —si es o no constitucional eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento— aún está pendiente de una resolución definitiva. El fallo no cierra el debate legal, que probablemente continuará escalando en los tribunales.
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