La administración del expresidente Donald Trump ha endurecido su postura respecto a los inmigrantes naturalizados en Estados Unidos, impulsando un enfoque más amplio y agresivo para revocar la ciudadanía a quienes hayan cometido delitos graves o incurrido en fraude durante su proceso de naturalización.
La medida se formalizó a través de un memorando emitido el pasado 11 de junio por el Departamento de Justicia, en el que se detallan los nuevos lineamientos para aplicar procedimientos civiles en casos de desnaturalización. Según el documento, estos procesos podrán iniciarse contra personas que hayan ocultado información relevante o cometido crímenes que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Entre los delitos que podrían conducir a la pérdida de la ciudadanía se encuentran crímenes de guerra, violaciones a derechos humanos, participación en pandillas o cárteles de droga, tráfico de personas, delitos sexuales, y fraudes relacionados con programas federales como Medicaid, Medicare o el Programa de Protección de Nómina (PPP). El memorando también menciona la posibilidad de actuar contra quienes hayan sido condenados por otros delitos, incluso si no están específicamente listados, siempre que se considere necesario.
Los procedimientos de desnaturalización se llevarán a cabo mediante litigios civiles, en los cuales la carga de prueba es más baja que en un juicio penal. Además, los acusados no contarán con el derecho a representación legal gratuita, lo que ha generado preocupación entre abogados y defensores de los derechos civiles.
Uno de los casos recientes que ilustra esta política es el de Elliott Duke, un ciudadano británico naturalizado estadounidense que fue despojado de su ciudadanía tras haber sido condenado por posesión de material de abuso infantil. El Departamento de Justicia argumentó que Duke mintió en su solicitud de naturalización al omitir información sobre delitos cometidos previamente.
Durante administraciones anteriores, la desnaturalización se aplicaba principalmente en casos de criminales de guerra o fraude evidente, como lo evidencian iniciativas previas como la “Operación Janus”, iniciada durante el mandato de Barack Obama. Sin embargo, bajo la dirección de Trump, el alcance se ha ampliado considerablemente, incluyendo delitos civiles y permitiendo mayor discrecionalidad por parte de los fiscales.
El reciente memorando, firmado por el subsecretario de Justicia Brett Shumate, establece que se dará prioridad a casos en los que los individuos representen un peligro potencial para la seguridad nacional, hayan cometido crímenes violentos o pertenezcan a organizaciones criminales.
Expertos en inmigración y derechos civiles han expresado su alarma ante el lenguaje ambiguo del documento, advirtiendo que podría permitir que prácticamente cualquier delito, sin importar cuándo fue cometido, sirva de base para revocar la ciudadanía. También han señalado que esta política podría tener un efecto intimidante entre los inmigrantes elegibles para naturalizarse, quienes podrían temer que errores pasados o acusaciones infundadas sean utilizados en su contra.
Las críticas también apuntan a un posible uso político de la ley de inmigración. En semanas recientes, se ha cuestionado públicamente la naturalización de figuras políticas como Zohran Mamdani y activistas como Mahmoud Khalil, lo que ha alimentado preocupaciones sobre la utilización de estos procesos como herramienta de persecución ideológica.
Aunque el número de casos de desnaturalización sigue siendo bajo, el nuevo enfoque del Departamento de Justicia abre la puerta a un aumento considerable, condicionado únicamente por la capacidad operativa del gobierno para llevarlos a cabo.
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